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Declaración de Ámsterdam de 1975
La Declaración de Ámsterdam fue adoptada por el Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo, Consejo de Europa, en el año 1975. La Declaración enfatiza los roles anteriores de planificación, educación, medidas legales y administrativas en la protección del patrimonio europeo. Explica detalladamente el significado de "conservación integrada" la cual exige la cooperación entre arquitectura y planificación urbana y por lo tanto, la conservación arquitectónica debe convertirse en una parte integral de la planificación urbana y regional. El esfuerzo de conservación que debe realizarse debe medirse no sólo en función del valor cultural de los edificios, sino también en función de su valor de uso.
Contradiciendo la Carta de Atenas (1933) establece la continuidad histórica para permitir que las personas se sientan seguras a pesar de los cambios sociales abruptos. Por lo tanto, exige una nueva planificación urbana, distinta de la funcionalista. Continúa la idea de la Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos (1931) y de la Carta de Venecia (1964) sobre las nuevas funciones en edificios antiguos. “El reconocimiento de los reclamos de los valores estéticos y culturales del patrimonio arquitectónico debe llevar a la adopción de objetivos específicos y reglas de planificación para los complejos arquitectónicos antiguos”. Debe haber una integración entre los reglamentos de planificación comunes y aquellos para la protección de edificios históricos. Con este fin, se requiere un inventario de los edificios, complejos y sitios con valor cultural, asegurando medios financieros para la “conservación integrada”.
Declaración de Ámsterdam (21-25 de octubre de 1975)
I. Prefacio
La Declaración de Amsterdam cristaliza un momento importante de la evolución del pensamiento europeo en el ámbito de la conservación del patrimonio arquitectónico.
Lo que sorprende en esta evolución es la ampliación de esta noción.
Limitada al monumento, sitio o conjunto de interés preferente, la noción de patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos construidos se presentan como una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la historia de los grupos humanos que allí han vivido durante generaciones.
El Congreso de Amsterdam ha confirmado esa tendencia a abolir toda segregación jerárquica entre los conjuntos de mayor interés artístico y los de menor interés.
La conservación del patrimonio arquitectónico entra así de pleno derecho en el marco de una política global y democrática del medioambiente.
Por otra parte, se manifiesta claramente que la exigencia de esta conservación es una exigencia vital, porque está motivada por una necesidad profundamente humana: vivir en un universo que siga siendo familiar, a la vez que integrador del cambio deseable e inevitable.
La calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de familia tan querido para los autóctonos son términos abstractos que, sin embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en el tiempo: la acumulación de estratos, depositados por muchas generaciones, de una existencia marcada por un cierto grado de continuidad.
Ignorar la necesidad de respetar el equilibrio de los agrupamientos y asentamientos humanos formados a lo largo de los años, es abrir el camino al desequilibrio síquico de los individuos y a los traumatismos sociales. Nuestra época, tan rica en desconciertos, a menudo impuestos por los que no piensan más que en términos de rendimiento y provecho, nos proporciona pruebas cotidianas de este peligro.
En consecuencia, la conservación del carácter de los conjuntos históricos es indisociable de una política social del hábitat, es decir, de una política que tiene en cuenta los derechos de los residentes tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida familiar saneado y mejorado. Citemos a este propósito la Resolución 598 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a los aspectos sociales de la salvaguardia del patrimonio arquitectónico.
El coste de una política de esta índole puede ser, en opinión de algunos, desproporcionado en relación con los medios de que disponen los poderes públicos. Es por ello que conviene, cuando se emprenden obras de interés colectivo (como la preservación de un ambiente construido de calidad o reconocido como tal), determinar cuidadosamente cuáles son las partes que incumben, respectivamente, a los recursos privados y a las finanzas públicas.
Además, e independientemente de la fuente de financiación, la conservación del patrimonio arquitectónico, concebida, como debe ser, en la escala de una operación de rehabilitación urbana, no cuesta necesariamente más cara que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos inmobiliarios modernos provistos de las infraestructuras necesarias.
El programa europeo de realizaciones ejemplares y las confrontaciones del Consejo de Europa han ofrecido análisis de casos que demuestran concretamente el interés económico de las operaciones de rehabilitación.
En un momento en el que se toma conciencia de la necesidad de moderar el crecimiento, de utilizar y reutilizar lo existente ¿se va a admitir por fin que la conservación, lejos de ser sinónimo de conservadurismo, es un instrumento indispensable de una política de cambio con rostro humano?
Todas estas verdades, progresivamente esclarecidas a lo largo de doce años de trabajo realizado en el seno del Consejo de Europa, han conocido su consagración en el Congreso de Amsterdam que ha tenido el mérito de reunir a eminentes personalidades de todos los medios políticos y profesionales implicados, representando no sólo a Europa Occidental, sino también a Europa Oriental, a los Estados Unidos y a Canadá.
Es importante ahora que el impulso dado por el Consejo de Europa, gracias a la organización de este Congreso, sea mantenido y reforzado.
Es importante que los gobiernos tomen nota de la enseñanza que se puede extraer del Congreso y destinen a la conservación del patrimonio nacional medios proporcionados a la amplitud de sus tareas.
Una opción política y económica semejante implica el apoyo de la opinión pública.
Ésta es ya consciente del valor de un patrimonio construido, que, por sus estructuras y formas, responde a la variedad de necesidades y de gustos. En el origen de esta toma de conciencia, conviene subrayar el papel determinante de las campañas nacionales llevadas a cabo en el marco de este año 1975, declarado por el Consejo de Europa Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975. Sin embargo, los gobiernos deberán proseguir sus esfuerzos manteniendo los comités nacionales o dotándose de instrumentos que tengan una eficacia análoga. A ellos corresponderá difundir lo más ampliamente posible la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Europa, texto destinado al gran público y que ellos han adoptado por unanimidad.
En consecuencia, la realización de la conservación integrada necesita dos condiciones previas: una opinión pública consciente y vigilante y unos medios presupuestarios adecuados.
De acuerdo con estas condiciones las empresas de construcción, deberán esforzarse en adaptar sus estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento.
Asimismo, la consideración de estas condiciones facilitará una perspectiva de estabilidad del empleo en este sector y permitirá resolver el problema, muy grave y prioritario, de la penuria de arquitectos y urbanistas especializados, así como de la mano de obra cualificada.
De este modo, finalmente, las verdades aplaudidas en Amsterdam terminarán por imponerse.
La misión del Consejo de Europa es la de profundizar en estas verdades, logrando con ello -más que en el pasado- catalizar y coordinar el esfuerzo de los Estados miembros.
- Georg Kanh-Ackermann Secretario General del Consejo de Europa
I. Declaración
El Congreso de Amsterdam, coronación del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975, habiendo reunido a los delegados venidos de toda Europa, acoge calurosamente la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, promulgada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que reconoce que la arquitectura única de Europa es el patrimonio común de todos sus pueblos y afirma la intención de los Estados miembros de cooperar entre ellos y con los otros Estados europeos para protegerlo.
De la misma manera el Congreso afirma que el patrimonio arquitectónico de Europa es parte integrante del patrimonio cultural de todo el mundo y observa con satisfacción el empeño mutuo en favorecer la cooperación y los intercambios en el ámbito de la cultura, contenido en el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa adoptada en Helsinki en julio de este año.
Al hacer esto, el Congreso pone el acento en las siguientes consideraciones esenciales:
- a) Además de su inestimable valor cultural, el patrimonio arquitectónico de Europa conduce a todos los europeos a tomar conciencia de una historia y un destino común. Su conservación reviste, pues, una importancia vital.
- b) Este patrimonio comprende no sólo los edificios aislados de un valor excepcional y su marco, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que presentan un interés histórico o cultural.
- c) Al constituir estas riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el deber común de protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan - negligencia y ruina, demolición deliberada, nuevas construcciones sin armonía y circulación excesiva-.
- d) La conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del territorio.
- e) Los poderes locales, a los que incumbe la mayor parte de las decisiones importantes en materia de planificación, son especialmente responsables de la protección del patrimonio arquitectónico y deben ayudarse mutuamente mediante intercambios de ideas y de informaciones.
- f) La rehabilitación de los barrios antiguos debe ser concebida y realizada, en la medida de lo posible, de forma que no modifique sustancialmente la composición social de los residentes y que todos los estratos de la sociedad se beneficien de una operación financiada mediante fondos públicos.
- g) Las medidas legislativas y administrativas necesarias deben ser reforzadas y mostrarse más eficaces en todos los países.
- h) Para hacer frente a los costes de la restauración, planificación y mantenimiento de los edificios y sitios de interés arquitectónico o histórico, debe ponerse a disposición de los poderes locales y de los propietarios privados una ayuda financiera adecuada; además, para estos últimos, deberían ser previstas desgravaciones fiscales.
- i) El patrimonio arquitectónico sobrevivirá sólo si es apreciado por el público y especialmente por las nuevas generaciones. Los programas de educación deben, pues, preocuparse más de esta materia en todos los niveles.
- j) Conviene animar a las organizaciones privadas, internacionales, nacionales y locales para que contribuyan a despertar el interés del público.
- k) La arquitectura de hoy, al constituir el patrimonio del mañana, debe poner todos los medios para asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad.
El Comité de Ministros, habiendo reconocido en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico que incumbe al Consejo de Europa asegurar la coherencia de la política de sus Estados miembros y promover su solidaridad, considera esencial que se establezcan relaciones periódicas sobre el estado del avance de los trabajos de conservación arquitectónica en los países europeos, bajo una forma que permita el intercambio de experiencias.
El Congreso hace un llamamiento a los gobiernos, parlamentos, instituciones espirituales y culturales, institutos profesionales, empresas comerciales e industriales, asociaciones privadas y a todo ciudadano, para que aporten su pleno apoyo a los objetivos de esta Declaración y pongan todos los medios para asegurar su aplicación.
Solamente así se conservará el patrimonio arquitectónico irreemplazable de Europa para el enriquecimiento de la vida de todos sus pueblos en el presente y en el futuro.
Al final de sus debates el Congreso expone las siguientes conclusiones y recomendaciones: Nuestra sociedad deberá, en breve plazo, renunciar al patrimonio arquitectónico y a los sitios que constituyen su marco tradicional de vida, si no se pone en marcha con urgencia una nueva política de protección y conservación integrada de este patrimonio. Lo que importa proteger hoy son las ciudades históricas, los barrios urbanos antiguos y las ciudades de tradición, comprendidos los parques y jardines históricos. La protección de estos conjuntos arquitectónicos no puede ser concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los edificios que tienen valor cultural, desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época moderna, así como el marco en que se inscriben. Esta protección global completará la protección puntual de los monumentos y sitios aislados.
El significado del patrimonio arquitectónico y la legitimidad de su conservación son ahora mejor percibidos. Se sabe que la preservación de la continuidad histórica del medioambiente es esencial para la conservación o creación de un marco de vida que permita al hombre encontrar su identidad y experimentar un sentimiento de seguridad frente a las mutaciones brutales de la sociedad: un nuevo urbanismo trata de volver a encontrar los espacios cerrados, la escala humana, la interpretación de las funciones y la diversidad socio-cultural que caracterizan los tejidos urbanos antiguos. Pero se descubre también que la conservación de los edificios existentes contribuye a la economía de los recursos y a la lucha contra el despilfarro, una de las grandes preocupaciones de la sociedad contemporánea. Se ha demostrado que los edificios antiguos pueden recibir nuevos usos, dando respuesta a las necesidades de la vida contemporánea. A esto se añade que la conservación recurre a artistas y artesanos muy cualificados cuyo talento y saber hacer deben ser mantenidos y transmitidos. Finalmente, la rehabilitación del hábitat existente contribuye a reducir la invasión de terrenos agrícolas y permite evitar o atenuar sensiblemente los desplazamientos de la población, lo que constituye un beneficio social muy importante de la política de conservación.
Aunque, por todas estas razones, la legitimidad de la conservación del patrimonio arquitectónico se presente hoy con una fuerza nueva, es necesario fundamentarla sólida y definitivamente; debe, pues, dar lugar a investigaciones de carácter fundamental y estar incluida en todos los programas de educación y de desarrollo cultural.
1.-La conservación del patrimonio arquitectónico: uno de los objetivos principales de la planificación urbana y de la ordenación del territorio
La planificación urbana y la ordenación del territorio deben integrar las exigencias de la conservación del patrimonio arquitectónico y no tratarla de forma fraccionaria o como un elemento secundario, como ha sucedido a menudo en el pasado reciente. A partir de ahora, es indispensable un diálogo permanente entre los conservadores y los urbanistas. Los urbanistas deben reconocer que los espacios no son equivalentes; es necesario tratarlos según las características que les son propias. El tener en cuenta los valores estéticos y culturales del patrimonio arquitectónico debe conducir a fijar para los conjuntos antiguos objetivos y normas de acondicionamiento especiales. No se deben limitar a superponer, sin coordinarlas, las normas ordinarias de planificación y las normas especiales de protección de edificios históricos.
Con el fin de hacer posible esta integración, conviene elaborar el inventario de los monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios, incluyendo la delimitación de zonas periféricas de protección. Sería deseable que estos inventarios fueran ampliamente difundidos especialmente entre las autoridades regionales y locales, así como entre los responsables de la ordenación del territorio y del urbanismo, con el fin de llamar su atención sobre los edificios y zonas dignas de ser protegidas. Un inventario de estas características proporcionará una base realista a la conservación, ya que constituye un elemento cualitativo fundamental para la gestión de los espacios.
La política de ordenación regional debe integrar las exigencias de la conservación del patrimonio arquitectónico para contribuir a la misma. Puede, en particular, estimular a las nuevas actividades a implantarse en zonas de declive económico, a fin de frenar su despoblación y, por lo tanto, impedir la degradación de los edificios antiguos. Por otra parte, las decisiones tomadas para el desarrollo de las periferias de las ciudades deben estar orientadas de tal manera que atenúen las presiones que se ejercen sobre los barrios antiguos. A este respecto las políticas concernientes a los transportes, al empleo y a una mejor distribución de los focos de actividad urbana pueden tener incidencias importantes en la conservación del patrimonio arquitectónico.
La plena expansión de una política continua de conservación exige una amplia descentralización y la toma en consideración de las culturas locales. Esto supone la existencia de responsables de la conservación a todos los niveles (centrales, regionales y locales) allí donde se tomen decisiones en materia de ordenación. Pero la conservación del patrimonio arquitectónico no debe ser solamente una cuestión de expertos. El apoyo de la opinión pública es esencial. La población debe, sobre la base de una información objetiva y completa, participar realmente desde la elaboración de los inventarios hasta la preparación de la toma de decisiones.
Finalmente, la conservación del patrimonio se inserta en una nueva perspectiva general, atenta a nuevos criterios de calidad y medida y que debe permitir desechar en lo sucesivo alternativas y objetivos, muy a menudo determinados por el corto plazo, por una visión estrecha de la técnica y al fin de cuentas por una concepción desfasada.
2.- La conservación integrada compromete la responsabilidad de los poderes locales y apela a la participación de los ciudadanos
Los poderes locales deben tener competencias precisas y amplias en materia de protección del patrimonio arquitectónico. Al aplicar los principios de una conservación integrada, deben tener en cuenta la continuidad de las realidades sociales y síquicas existentes en las comunidades urbanas y rurales. El futuro no puede ni debe ser construido a costa del pasado.
Para establecer una política semejante, respetando con inteligencia, sensibilidad y economía el medioambiente construido por el hombre, los poderes locales deben:
- - Apoyarse en un análisis del tejido de los conjuntos urbanos y rurales, especialmente su estructura, sus complicadas funciones, así como las características arquitectónicas y volumétricas de sus espacios construidos y abiertos;
- - Atribuir a los edificios las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a las condiciones de vida actual y garanticen así su supervivencia;
- - Estar atentos al hecho de que los estudios de sondeo sobre la evolución de los servicios públicos (educativos, administrativos, médicos) demuestran que el gigantismo es desfavorable para su calidad y su eficacia;
- - Consagrar una parte apropiada de su presupuesto a esta política. En este contexto deberán solicitar de los gobiernos la creación de fondos específicos. Las subvenciones y préstamos concedidos a los particulares y a las diversas agrupaciones por los poderes locales deberán estimular el empeño moral y financiero de éstos;
- - Designar delegados responsables para todos los asuntos que conciernan al patrimonio arquitectónico y a los sitios;
- - Establecer organismos de utilidad pública, creando un vínculo directo entre los usuarios potenciales de los edificios antiguos y sus propietarios;
- - Facilitar la formación y el funcionamiento eficaz de asociaciones interesadas en la restauración y en la rehabilitación.
Los poderes locales deben perfeccionar sus técnicas de consulta para conocer la opinión de los grupos implicados en los planes de conservación y tenerla en cuenta desde la elaboración de sus proyectos. En el marco de la política de información al público, ellos deben tomar sus decisiones a la vista y con conocimiento de todos, empleando un lenguaje claro y accesible a todos, a fin de que la población pueda conocer, discutir y apreciar los motivos de las decisiones. Deberán ser previstos lugares de encuentro para la concentración pública.
En este sentido el recurrir a reuniones públicas, a exposiciones, a sondeos de opinión, a los medios de comunicación y a todos los otros medios apropiados, debería convertirse en una práctica corriente.
La educación de los jóvenes en el ámbito del medioambiente y su asociación a todas las tareas de salvaguardia constituye uno de los mayores imperativos de la acción municipal.
Las proposiciones complementarias o alternativas presentadas por las agrupaciones o por los particulares deberán ser consideradas como una contribución apreciable a la planificación.
Finalmente, los poderes locales tienen gran interés en comunicarse sus experiencias respectivas. En consecuencia, deberán establecer un intercambio constante de información y de ideas a través de todas las vías posibles.
3.- La toma en consideración de los factores sociales condiciona el éxito de toda política de conservación integrada.
Una política de conservación implica también la integración del patrimonio arquitectónico en la vida social.
El esfuerzo de conservación debe ser valorado no sólo en relación con el valor cultural de los edificios, sino también con su valor de uso. Los problemas sociales de la conservación integrada sólo pueden ser resueltos mediante una referencia combinada de estas dos escalas de valor.
La rehabilitación de un conjunto, que forma parte del patrimonio arquitectónico, no es una operación necesariamente más costosa que una construcción nueva sobre una infraestructura existente o, incluso, que la construcción de un conjunto en un lugar no urbanizado. Conviene, pues, cuando se comparan los costes de estos tres procedimientos, cuyas consecuencias sociales son diferentes, no omitir el coste social. En ello están interesados no sólo los propietarios y los inquilinos, sino también los artesanos, los comerciantes y los empresarios alojados en el lugar, que aseguran la vida y el mantenimiento del barrio.
Para evitar que las leyes del mercado se apliquen con todo su rigor en los barrios restaurados, lo que tendría como efecto el desalojo de los habitantes incapaces de pagar la subida de los alquileres, conviene que los poderes públicos intervengan para moderar los mecanismos económicos como lo hacen siempre cuando se trata de alojamientos sociales.
Las intervenciones financieras pueden equilibrarse entre las primas a la restauración, acordadas con los propietarios mediante la fijación de topes para los alquileres, y la asignación de indemnizaciones de alojamiento a los inquilinos para rebajar, e incluso completar, la diferencia entre los antiguos y los nuevos alquileres.
Con el fin de permitir a la población participar en la elaboración de los programas, conviene darle los elementos de apreciación de la situación, explicándole, por una parte, el valor histórico y arquitectónico de los edificios que hay que conservar y, por otra, proporcionándole todas las indicaciones sobre los realojamientos definitivos y temporales.
Esta participación es tanto más importante cuanto que no se trata solamente de la restauración de algunos monumentos privilegiados, sino de la rehabilitación de barrios completos.
Esta sensibilización práctica hacia la cultura comporta un beneficio social considerable.
4.- La conservación integrada exige una adaptación de las medidas legislativas y administrativas
Al haberse ido ampliando progresivamente la noción de patrimonio arquitectónico, desde el monumento histórico aislado a los conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales, así como a las aportaciones de épocas más recientes, una reforma profunda de la legislación, acompañada de un reforzamiento de los medios administrativos, constituye la condición previa para una actuación eficaz.
Esta reforma debe estar guiada por la necesidad de coordinar la legislación referida a la ordenación del territorio por una parte y la legislación referida a la protección del patrimonio arquitectónico por otra.
Esta última debe dar una nueva definición del patrimonio arquitectónico y de los objetivos de la conservación integrada.
Además debe prever sobre todo los procedimientos especiales en lo que concierne a: -la designación y delimitación de los conjuntos arquitectónicos;
- -la delimitación de las zonas periféricas de protección y las servidumbres de utilidad pública previstas en ellas;
- -la elaboración de programas de conservación integrada y la inserción de las disposiciones de estos programas en los planes de ordenación;
- -la aprobación de los proyectos y la autorización para ejecutar los trabajos.
Por otro lado, el legislador deberá adoptar las disposiciones necesarias con el fin:
- -de redistribuir de una manera equilibrada los créditos presupuestarios reservados a la ordenación urbana y asignados respectivamente a la rehabilitación y a la construcción;
- -de conceder a los ciudadanos, que decidan rehabilitar un edificio antiguo, beneficios financieros con medios equivalentes a los que recibirían en caso de una nueva construcción;
- -de revisar, en función de la nueva política de conservación integrada, el régimen de ayudas financieras del Estado y de los demás poderes públicos.
En la medida de lo posible, será necesario flexibilizar la aplicación de los reglamentos y disposiciones correspondientes a la construcción, de forma que se satisfagan las exigencias de la conservación integrada.
Con vistas a acrecentar la capacidad operativa de los poderes públicos, se impone revisar la estructura de la administración, de tal manera que los servicios responsables del patrimonio arquitectónico sean organizados en los niveles apropiados y dotados de un personal cualificado y suficiente, así como de los medios científicos, técnicos y financieros indispensables.
Estos servicios deberían ayudar a las autoridades locales, cooperar con la ordenación del territorio y mantener relaciones continuas con los organismos públicos y privados.
5.- La conservación integrada requiere medios financieros apropiados.
Es difícil definir una política financiera aplicable a todos los países y evaluar las consecuencias de las diferentes medidas que intervienen en los procesos de la planificación en razón de sus repercusiones recíprocas. Además, este proceso está sometido a factores exteriores, como resultado de la estructura actual de la sociedad.
Corresponde, pues, a cada Estado poner a punto sus propios métodos e instrumentos de financiación.
No obstante, se puede establecer con certeza que no existe casi ningún país en Europa en el que los medios financieros destinados a la conservación sean suficientes.
Además, parece que ningún país europeo ha concebido aún el mecanismo administrativo perfectamente a punto para responder a las exigencias económicas de una política de conservación integrada.
Para llegar a resolver los problemas económicos de la conservación integrada es necesario -y es éste un factor determinante- que sea elaborada una legislación que someta las nuevas construcciones a ciertas restricciones en lo que concierne a los volúmenes (altura, coeficiente de utilización de los suelos) y favorezca una inserción armoniosa.
Los reglamentos de planificación deberán no fomentar la densificación y promover la rehabilitación antes que una renovación tras la demolición.
Es necesario concebir métodos que permitan evaluar los costes suplementarios impuestos por los imperativos de los programas de conservación. En la medida de lo posible será necesario disponer de los medios financieros suficientes para ayudar a los propietarios, que tengan que llevar a cabo trabajos de restauración, a soportar las cargas adicionales que les habrán sido impuestas.
Si para hacer frente a los costes adicionales se acepta una ayuda semejante, será necesario naturalmente velar para que esta ventaja no se vea amenazada por los impuestos.
Interesa aplicar este mismo principio en beneficio de la rehabilitación de conjuntos degradados de interés histórico o arquitectónico, lo que permitirá restablecer el equilibrio social.
Las ventajas financieras y fiscales actualmente otorgadas a las nuevas construcciones deberían ser concedidas en las mismas proporciones para el mantenimiento y conservación de los edificios antiguos, después de deducir el coste adicional eventualmente desembolsado.
Los poderes públicos deberían potenciar o estimular la creación de fondos de operaciones que proporcionen la liquidez necesaria a las colectividades locales y a las asociaciones sin finalidad lucrativa. Esto conviene muy especialmente a las zonas donde la financiación de determinado programa, a corto o a largo plazo, podrá ser asegurada de manera autónoma en razón de la plusvalía resultante de la fuerte demanda que se aplica a las propiedades que tienen tal incentivo.
Sin embargo, es fundamental estimular todos los recursos de financiación privados, especialmente de origen industrial. En efecto, numerosas iniciativas privadas han demostrado el papel positivo que pueden jugar en asociación con los poderes públicos, tanto a nivel nacional como local.
6.- La conservación integrada requiere una promoción de los métodos, técnicas y competencias profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación.
Los métodos y técnicas de restauración y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos deberían ser mejor aprovechados y ampliados.
Las técnicas especializadas, puestas a punto con ocasión de la restauración de conjuntos históricos importantes, deberían ser ya utilizadas para la amplia gama de edificios y conjuntos que presentan un interés artístico menor.
Hay que procurar que los materiales tradicionales de construcción estén siempre disponibles y que las artes y las técnicas tradicionales sigan siendo aplicadas.
El mantenimiento permanente del patrimonio arquitectónico permitirá, a largo plazo, evitar costosas operaciones de rehabilitación.
Todo programa de rehabilitación deberá ser estudiado a fondo antes de su ejecución y conviene, a la vez, reunir una documentación completa sobre los materiales y técnicas y proceder a un análisis de los costes. Esta documentación deberá ser recogida en los centros apropiados.
Los materiales y técnicas nuevas no deberán ser aplicados hasta haber obtenido la aprobación de instituciones científicas neutrales.
Será necesario emprender investigaciones para establecer un catálogo de los métodos y técnicas utilizadas y crear para este fin instituciones científicas que deberán cooperar estrechamente entre sí. Este catálogo deberá ser comunicado a todos los interesados, lo que favorecerá la reforma de las prácticas de restauración y rehabilitación.
Es absolutamente necesario disponer de mejores programas de formación de personal cualificado. Estos programas deberán ser flexibles, pluridisciplinares y comprender una enseñanza que permita adquirir una experiencia práctica sobre el terreno.
El intercambio internacional de conocimientos, experiencias y prácticas es un elemento esencial en la formación de todo el personal interesado.
Debería ser así más fácil disponer de los urbanistas, arquitectos, técnicos y artesanos necesarios para preparar los programas de conservación y asegurar la promoción de los oficios artesanales que intervienen en el trabajo de restauración y que están amenazados de desaparecer.
Las posibilidades de cualificación, las condiciones de trabajo, las remuneraciones, la seguridad del empleo y la posición social deberían ser suficientemente atractivas para incitar a los jóvenes a interesarse por las disciplinas que tienen una relación con la restauración y a permanecer en el ámbito de esta actividad.
Además, las autoridades responsables de los programas de enseñanza a todos los niveles deberán esforzarse en interesar a la juventud en los oficios de la conservación.
Referencias
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